En estos días de fuerte actividad económica y social que trasforman las calles en un trasiego casi inclemente de miles de automotores, sobresalen -entre las muchas causales que entorpecen el ya engorroso tránsito vehicular en nuestra ciudad- el desplazamiento de vehículos en pésimas condiciones de uso, muchos de ellos destinados a cubrir el servicio de fletes, de taxis y hasta de remises. El panorama cotidiano que se advierte en la avenida Saénz Peña de nuestra capital, especialmente en la primera cuadra, donde se concentran decenas de fleteros, y en calles aledañas a esa populosa zona de El Bajo, en la que se estacionan remises y autos rurales que realizan viajes con pasajeros hacia distintos puntos del interior de la provincia -como si fueran una “Estación Terminal”-, expone a todas luces la existencia de un parque automotor que no está en condiciones de prestar este tipo de servicio público.
Además de la virtual ilegalidad de las tareas que realizan, se trata de autos rurales desvencijados, camionetas semidetrozadas, remises y taxis casi impresentables, muchos con antigüedades que llegan hasta los años 70, pero sobre todo, muy lejos de la calidad de uso que las normativas autorizan, lo que conforma un paisaje urbano lamentable y desolador. Y es muy probable que muchos de los prestadores ni siquiera tengan las documentaciones de los vehículos en regla, ni tampoco el vínculo laboral e impositivo transparentado, aspectos que deberían ser motivo de una preocupación especial de las autoridades municipales y provinciales, en razón de los riesgos potenciales que enfrentan las prestaciones que realizan.
Con lamentable frecuencia, la crónica policial o las denuncias de nuestros lectores dan cuenta de incidentes protagonizados en las rutas o en las propias calles de esta ciudad y otras del área metropolitana por conductores que manejan esos vehículos “piratas”, peligrosos.
Una causa de estas transgresiones podría encontrarse en el origen de una ley que fue sancionada por la Legislatura en 2005 y que autorizaba la circulación de automóviles con más de 10 años de antigüedad para realizar un servicio público, aun cuando esa iniciativa colisionaba con la Ley Nacional de Tránsito. Las autoridades jurisdiccionales han admitido frecuentemente que muchos de estos servicios son inseguros y que se han propuesto modificar la ley para endurecer los requisitos que se le exigen a los dueños de los rodados, aunque no se avanzó demasiado en esos propósitos; otro tanto han advertido empresarios del transporte de pasajeros que enfrentan en esos casos una competencia desleal. ¿Nadie ha reparado en sacar de circulación o aplicarles las multas que prevén las ordenanzas y la legislación por los trastornos que agregan a un tránsito ya infernal a esos fleteros y remiseros que a duras penas desplazan sus rodados hasta por el microcentro? ¿La municipalidad podrá hacer algo de mayor peso para remediar el tumulto y el desorden que generan en la zona de El Bajo esos vehículos que se estacionan en doble fila y que buscan pasajeros para llevar al interior?
Debería esperarse que esta trama irregular sea motivo de un renovado interés de gobierno ahora que nuevas administraciones se han hecho cargo de la provincia y de los municipios. La necesidad de políticas de seguridad vial superadoras y virtuosas de esta realidad critica y decadente es un reclamo cada vez más estentóreo y masivo de la ciudadanía.